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Orígenes de la abogacía en Cuba


 

Los orígenes de la abogacía en Cuba, datan desde fecha tan temprana como el año 1799, año en el cual fue trasladada hacia Puerto Príncipe (actual ciudad de Camagüey), la Real Audiencia de Santo Domingo. A partir de este momento se producen cambios paulatinos en la vida jurídica del país, que hacen a algunos autores estimar que es en las postrimerías de ese siglo en que comienza a gestarse en Cuba el sector profesional de la abogacía.

 En 1819 el Rey Fernando VII manda a establecer Colegios de Abogados en La Habana y Puerto Príncipe, fijando la cantidad de colegios que en cada uno de ellos podía figurar y estableciendo que serían regidos por estatutos que ellos mismos se darían, pero con la aprobación de la Real Audiencia.

El primer Colegio de Abogados fundado en la Isla fue el de la ciudad de Puerto Príncipe, con Estatutos propios inspirados en el modelo del de Madrid y con un número determinado de solo 24 miembros, aspecto este último que posteriormente se liberalizó, admitiéndose en sus filas a todos los que lo interesaran y cumplieran las rígidas exigencias estatutarias.

Motivos de carácter políticos determinaron que el Colegio de Abogados de La Habana tuviera un surgimiento posterior al de Puerto Príncipe.

Constituido el Colegio habanero en 1852, fue casi automáticamente clausurado por decisión del capitán General de la Isla.

El Gobierno español no permitió la reaparición del Colegio de Abogados de La Habana hasta el año 1879, cuando ya estaban constituidos los de Santiago de Cuba y Trinidad-Remedios-Santi Spíritus, ambos desde 1842.

Los Colegios de Abogados fueron centros donde se aglutinaban una intelectualidad permeada por las ideas políticas más liberales de la época, razón por la cual la colonia española siempre vio con ojeriza a los profesionales del Derecho colegiados para el ejercicio.

La situación de la organización de los abogados se mantuvo en éstos términos hasta finalizado el siglo XIX, reforzada en el orden legislativo por la promulgación en España y hecha extensiva a Cuba, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en septiembre de 1870, que dedicaba un espacio a todo lo relativo a la abogacía, su organización profesional y funcionamiento.

Al terminar la guerra de 1895 y establecerse el gobierno interventor de los Estados Unidos, en el período que la historia de Cuba conoce como primera intervención norteamericana (1899-1902) se dicta en fecha 10 de diciembre de 1900, la Orden Militar No. 500, que disolvió la organización profesional de los abogados cubanos, como medida represiva ante un grupo de protestas realizadas por el Colegio de La Habana, por decisiones adoptadas por el Gobierno Interventor.

A partir de ese momento no era requisito la inscripción en ningún Colegio para ejercer la abogacía, derogando en tal sentido el articulado correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, debiendo los juzgados y tribunales asumir las funciones que venían realizando los Colegios sobre el control de su membresía.

El 27 de enero de 1909, durante una segunda intervención militar de los EE:UU:, el Gobernador Provisional de la Isla puso en vigor, por Decreto 127, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que derogaba la Ley Orgánica de la Monarquía española de 15 de septiembre de 1870. Este nuevo cuerpo legal regulaba en el Título XV, denominado ¨De los abogados y procuradores, todo lo relativo al ejercicio de la abogacía en Cuba.

Mediante este cuerpo legal se instituyeron los Colegios de Abogados como agrupaciones profesionales encargadas de velar por el cumplimiento de los deberes entre los abogados, velar por la eficacia del servicio ante los tribunales, así como por el orden, el decoro, la fraternidad y la disciplina dentro de los colegiados. La facultad disciplinaria sobre la membresía fue una de las más importante atribuciones que se otorgó a los Colegios, como vía para velar por el cabal cumplimiento de los deberes profesionales y ciudadanos, pero se garantizaba la posibilidad de apelar hasta el Tribunal Supremo, en los casos en que el Colegio dispusiera la expulsión de sus filas.

En 1940 se promulgó una nueva Constitución para la República de Cuba, con un marcado signo progresista en la letra de su articulado en el artículo 70 de esta nueva Constitución se volvió a establecer el requisito de la colegiación obligatoria, disponiendo que con posterioridad la Ley especial determinaría la forma de constituirse y financiar la organización profesional.

La legislación complementaria de la Constitución, en esta materia, fue el Decreto No. 781 de 15 de marzo de 1944 y la Ley No.4 de 13 de noviembre del propio año.

En julio de 1948, la Asamblea Nacional de Abogados aprobó un Código de Etica, uniforme para todos los Colegios del país en este cuerpo legal se definieron las actuaciones que eran consideradas como infracciones de la ética profesional se regulaban los principios que debían caracterizar las relaciones entre los abogados y entre estos con los tribunales y los clientes se establecieron las sanciones que podían imponerse por incumplimiento de la ética profesional y el procedimiento para su determinación.

En marzo de 1949 la Junta de Gobierno de Abogados de La Habana acordó sus Estatutos, los que fueron aprobados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en mayo del propio año.

El 1ro de Enero de 1959 triunfa la Revolución cubana, derrocando el régimen dictatorial imperante, y este hecho de incuestionable magnitud histórica donde las masas populares toman el poder, trajo profundos cambios no solo en las estructuras centrales de gobierno, sino de todo el orden social establecido, del cual la abogacía es parte importante.

En el período que sobrevino al triunfo revolucionario se produce un paulatino proceso de radicalización de las posiciones en el seno de la sociedad cubana, lo que tuvo su reflejo lógico en la organización, funcionamiento y reconocimiento del papel social del abogado.

En el año 1962, en Asamblea General de los colegios, se aprobó un nuevo Estatuto del colegio de Abogados de La Habana esta reglamentación derogaba la que había estado vigente desde el año 1949 y radicalizaba las posiciones desde el punto de vista político.

El 21 de diciembre de 1964, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de La Habana propuso al Ministro de Justicia la creación de una agrupación de abogados que se denominaría BUFETES COLECTIVOS y que debía funcionar conforme a bases propuestas por la propia Junta.

Era un objetivo presente en esta propuesta la creación de una opción que resultara verdaderamente popular, mediante la cual todo ciudadano pudiera acceder a la justicia, en base a tarifas de cobros de ,los asuntos sustancialmente disminuidas con relación a las que se pagaban a los letrados que privadamente ejercían la profesión.

El 22 de enero del año 1965, el Ministro de Justicia, por Resolución No. 18, aprobó la creación del primer Bufete Colectivo en la capital del país, el que estaría sujeto a la jurisdicción del Colegio de La Habana, bajo la orientación y supervisión del Ministro.

El Consejo de Ministros del Gobierno Revolucionario dictó el 25 de abril de 1966 la Ley No. 1189, mediante la cual se dispuso la inscripción de los abogados en el Registro del Ministerio de Justicia, como requisito para el ejercicio profesional, eliminando el control de la colegiatura hasta esa fecha en poder de los Colegios.

Esta medida, unida a la creación de los Bufetes Colectivos como unidades de prestación de servicios jurídicos, fue el primer paso en la eliminación de la abogacía como ejercicio privado en el país, con el tiempo el Bufete Colectivo devino en una dependencia más del Ministerio de justicia, lo que afilió esta forma de ejercer la profesión a lo que se conoce internacionalmente como Abogacía de Estado.

Hasta el año 1974 coexistieron en el país ambas modalidades de ejercicio profesional: de una parte los abogados que se desempeñaban privadamente y de la otra los Bufetes Colectivos del ministerio de Justicia, con un enfoque mas social de su función y con tarifas de cobro de los servicios sustancialmente inferiores.

En el año 1973, el Consejo de Ministros dictó la ley 1250 "Ley de Organización del Sistema Judicial", al que se enmarcaba en lo que se conoció como "proceso de institucionalización", período en el que fueron promulgadas las principales Leyes del Estado. Esta Ley eliminó en Cuba el ejercicio privado de la abogacía e hizo nacer una nueva y peculiar institución en el sistema de justicia del país, que si bien seguía conservando el nombre de BUFETES COLECTIVOS, se apartaba de la concepción organizativa y estructural de la existente hasta ese momento.

La nueva Organización era definida por la Ley como una " institución autónoma nacional, de interés social", regida por un Reglamento interno, el que debía ser aprobado por el Tribunal Supremo, se establecieron los requisitos generales para poder pertenecer a los Bufetes Colectivos, función que era incompatible con el desempeño de otras responsabilidades judiciales, fiscales o de cargos públicos que implicaran autoridad, esta regulación estuvo vigente durante esta década y los primeros años de la década de los 80.

El 8 de junio de 1984, el Consejo de Estado promulgó el Decreto Ley No. 81 " Sobre el ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos" . Con este Decreto Ley nace una nueva Organización para la abogacía cubana, que se denominó Organización Nacional de Bufetes Colectivos que se definió en su artículo 5 como " entidad autónoma nacional de interés social y carácter profesional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por juristas".

Desde el punto de vista estructural, el Decreto Ley definió la existencia de una Asamblea General como el órgano superior de la Organización, integrada por delegados electos en los distintos Bufetes del país, por un período de cinco años.

La Asamblea, conforme a ley debe reunirse una vez al año y tiene entre sus funciones, además de la elección de la Junta Directiva, evaluar ya adoptar decisiones sobre los informes de rendición de cuentas de la Junta, aprobar los lineamientos anuales de trabajo y el presupuesto de la institución, así como la de rehabilitar como miembros de la organización a los abogados que hayan sido separados en virtud de medida disciplinaria.

La Junta Directiva Nacional, integrada por siete miembros (Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente, Tesorero, Vicetesorero, Secretario y Vicesecretario), es la encargada de dirigir el trabajo de la institución entre período y otro de sesiones de la Asamblea General.

El Decreto Ley atribuye la categoría específica de Abogado sólo a quienes ejercen la abogacía habitualmente dentro de la Organización, estableciendo cinco excepciones en las que un jurista, no vinculado a la institución, puede ejercer la abogacía, estos son:

  • Los vinculados a Sociedades Civiles de servicios, reconocidas por la legislación vigente. Constituyen las creadas para la representación y asesoramiento de asociaciones económicas donde está presente capital extranjero y otros asuntos de naturaleza afín, que se ventilan tanto en Cuba como en el extranjero (v.g. Consultores Asociados S.A, CONAS, Consultoría Jurídica Internacional; etc.),
  • Los juristas que asuman la representación o dirección de asuntos relacionados con sus propios derechos, con los de su cónyuge o con los de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
  • Los juristas de organismos, cuando comparezcan en representación de los intereses de su entidad o los dirigentes de estas, sobre hechos relativos a las funciones de su cargo, o sea, no pueden tratarse de asuntos particulares;
  • Los que reciban autorización especial del Ministro de Justicia para actuar en un proceso determinado. Potestad ministerial no sujeta a nominalización, o sea, que se encuentra dentro de su facultad discrecional;
  • Los docentes de las Facultades de Derecho con el objetivo de vincularse a la práctica profesional.

El artículo 2 del Decreto Ley define que el ejercicio de la abogacía es libre y en tal sentido el abogado es independiente y sólo debe obediencia a la Ley, gozando de garantías legales para exponer sus alegatos en relación con el derecho que defiende, así mismo se establece que para poder ejercer como miembro de la Organización es necesario reunir condiciones morales adecuadas, no haber sido sancionado por delito intencional que lo haga desmerecer en el concepto público, ni hallarse sujeto a proceso penal por delito de esa naturaleza y obtener la incorporación, que concede únicamente la Junta Directiva Nacional.

En esta legislación se prevé el derecho de toda persona para designar al abogado de su elección, con el que debe firmar el contrato de servicios jurídicos.

Los abogados de la Organización no tienen la condición de empleados, sino la categoría de miembros de esta asociación profesional y están sujetos a un régimen laboral y disciplinario diferente del de los juristas que trabajan en otros organismos, lo que se corresponde con las exigencias que sobre el particular quedaron establecidas, en los Principios Básicos sobre la función de los Abogados, aprobados por Naciones Unidas 114.

La investigación disciplinaria contra algún abogado puede iniciarse en virtud de violación de sus obligaciones profesionales o de la ética y da pie a la conformación de un sumario en el que el inculpado debe realizar los descargos que considere oportunos y aportar las pruebas de que intenta valerse.

Las medidas disciplinarias que pueden imponerse a los abogados van desde la amonestación y la multa, hasta la separación de las filas de la Institución. Cualquier medida disciplinaria puede ser recurrida en Alzada ante la Junta Directiva, sin ulterior reclamación, excepto en los casos en que se disponga la separación definitiva, en que cabrá el Recurso de Queja ante el Ministro de Justicia, quien tiene la facultad de reponer al reclamante en la condición de miembro de la Institución y disponer que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos por la medida impuesta.

Contamos con  Bufetes Especializados para la atención a determinados asuntos de una rama o especialidad del Derecho como  el Bufete Especializado en Recursos de Casación, radicado en Ciudad de La Habana y que tiene por misión fundamental atender ante el Tribunal Supremo los trámites de personerías y vista de los Recursos interpuestos por los abogados residentes fuera de la capital. También prestamos servicios especializados en las oficinas de Servicios Legales Especializados con filiales en todas las provincias del país. Ver más en Servicios.

La Organización de Bufetes Colectivos también tiene entre sus tareas la de recibir y entrenar a los juristas recién egresados de la Facultades de Derecho, que son ubicados en Bufetes por un período de tres años para que se adiestren; culminado ese tiempo pueden solicitar que sean aceptados como miembros de la Organización o pasar a laborar a otros organismos.

Las consultas que se brindan sobre temas legales son gratuitas y puede realizarlas personalmente en cualquier Bufete Colectivo o a través de consultagratuita@onbc.cu

 


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